Acuerdo del Gobierno con los agentes sociales para la reforma de las pensiones públicas

El Gobierno ha consensuado con los agentes sociales un primer paquete de medidas del futuro sistema público de pensiones. Entre otras decisiones, se incentivará la jubilación demorada, se penalizará la anticipada, se rubricará un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos y se eliminará el denominado factor de sostenibilidad.

El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció el pasado 28 de junio el consenso con empresarios y sindicatos para llevar al Consejo de Ministros un primer "paquete de medidas" de esta anunciada reforma, entre la que cabe destacar una importante revalorización de las pensiones, que tendrá como referencia el IPC, introduciendo un mecanismo corrector para las desviaciones para que nunca se reduzca la pensión (aunque el IPC resulte negativo).

A lo anterior se une la penalización de las jubilaciones anticipadas que, según las estimaciones del propio Ministerio suponen un gasto a las arcas del Estado de unos 8.200 millones de euros al año, junto con la incentivación de la jubilación demorada, o algunos aspectos del sistema de cotización de los autónomos.

La mesa técnica del diálogo social responsable de la negociación de las medidas continuará negociando el anteproyecto de la próxima ley de pensiones, en el que se prevé también una transferencia anual a la Seguridad Social para ayudar a la financiación del sistema de pensiones, la separación de fuentes de financiación (derivando a Hacienda los gastos impropios para eliminar el déficit) y la derogación del factor de sostenibilidad introducido por el Gobierno del PP en 2011, que trataba de ajustar las jubilaciones a la esperanza de vida de los contribuyentes.

Principales medidas de la reforma:

Penalización de la jubilación anticipada

A pesar de las exigencias legales sobre la fecha para jubilarse, la edad efectiva se sitúa actualmente en 64,6 años, de modo que el Estado deja de ingresar por las cotizaciones sociales y abona antes de tiempo las correspondientes prestaciones.

La jubilación anticipada voluntaria permite acogerse a la jubilación dos años antes de cumplir la edad legal si se cuenta, al menos, con 35 años cotizados en el momento de la solicitud y se está en situación de alta o alta asimilada en la Seguridad Social. La jubilación, es jubilación anticipada involuntaria o forzosa, cuando se insta desde una situación de desempleo como consecuencia de un despido objetivo o un ERE, en este caso, la jubilación se puede adelantar hasta 4 años y se reservan para trabajadores con cotizaciones de, al menos, 33 años en el momento de la solicitud.

El Ejecutivo quiere limitar la jubilación anticipada voluntaria drásticamente induciendo a las personas a trabajar más en la medida en que la salud se lo permite y facilitar fórmulas mixtas para compatibilizar la pensión con el trabajo.

A grandes rasgos, el objetivo de la futura norma es doble: “penalizar la adscripción voluntaria al sistema de pensiones antes de tiempo, y favorecer la jubilación demorada”.

Para ello, la Seguridad Social pretende que la aplicación de los coeficientes reductores del sistema se efectúe por meses de adelanto sobre la edad legal de jubilación y no por trimestres. Si bien, habrá un periodo transitorio de tres años para implantar esta medida.

Sobre todo, se intentará evitar las salidas anticipadas en los dos primeros meses en que esté disponible (es decir, a partir de dos años antes de cumplir la edad de jubilación: meses 23 y 24). Durante esos dos meses, se incrementarán las penalizaciones en comparación con las actualmente vigentes, disminuyendo a partir del mes 22.

Como consecuencia, las personas que se jubilen anticipadamente percibirán pensiones mucho más bajas que las que corresponden al régimen ordinario y tendrán una penalización permanente y significativa en su pensión. Se quiere acabar con las excepcionalidades y reducciones que se producen ahora, de modo que una pensión media perdería 164 euros al mes. En el último acuerdo con los agentes sociales, la penalización abarcará una franja de entre el 2,81% y el 21%, en función de los meses que se adelanta la jubilación (entre 1 y 24 meses) y el periodo cotizado.

Así, por ejemplo, si una persona trabajadora decide jubilarse con 24 meses de anticipación, se le aplicará una penalización del 21% (si cuenta con menos de 38 años y 6 meses cotizados), 19% (con menos de 41 años y 6 meses de cotización), 17% (con menos de 44 años y 6 meses) o 13% (con 44 años y 6 meses o más). En el otro extremo de la tabla, si la persona anticipa un solo mes la fecha de jubilación, la reducción será del 3,26% (con menos de 38 años y 6 meses de cotización), 3,11% (con menos de 41 años y 6 meses), 2,96% (con menos de 44 años y 6 meses) o 2,81% (con 44 años y 6 meses o más cotizados).

También se regulará un sistema de penalizaciones para personas obligadas a jubilarse tras un despido. La reducción de la pensión, en este caso, oscilará entre el 0,5% y el 30%, en función de los meses en que se adelante la jubilación (entre 1 y 48 meses) y del tiempo cotizado.

Así y teniendo en cuenta que se puede anticipar la jubilación tras un despido hasta cuatro años, la penalización máxima del 30% se aplicará a personas trabajadoras que decidan retirarse con 48 meses de adelanto (con menos de 38 años y 6 meses cotizados); la mínima del 0,5% se refiere al jubilado con solo un mes de antelación (siempre que cuente con 44 años y 6 meses o más cotizados). Se regulará un amplio espectro de reducciones entre estos casos extremos, dependientes también de los meses de anticipación y los periodos de cotización alcanzados.

Asimismo, se desincentivará el retiro anticipado de las personas que hayan cotizado por bases más altas, y se introducirán mayores exigencias en los casos de aquellas que realizan su actividad en condiciones penosas o peligrosas, para las cuales se exigirá la acreditación de un mínimo de trabajo de esta naturaleza en edades próximas a la jubilación.

Incentivos para la jubilación demorada

Con la misma finalidad de demorar el momento de jubilación, el primer bloque de medidas acompaña un incremento del 4% en la pensión para el que retrase voluntariamente su acceso a la misma tras cumplir la edad legal. Según la normativa actual, el incentivo se encuentra en una franja entre el 2% y el 4%, dependiendo de los años de cotización. El nuevo sistema posibilitará la opción entre un incremento de la prestación por jubilación del 4% por cada año de retraso, o bien una suma a tanto alzado por cada año adicional cotizado, que puede llegar a un máximo de 12.060,12 euros, o una fórmula mixta que combine las anteriores premisas. La elección se permitirá al cotizante y se llevará a cabo por una sola vez, en el momento en que se adquiera el derecho a percibir el complemento económico, no pudiendo ser modificada con posterioridad.

Como ejemplo, una persona con una jubilación mínima de 9.569 euros (683 euros al mes) podría optar a una prima de 4.786,27 euros (cotizando menos de 44 años y 6 meses); para una pensión máxima (37.567 euros anuales) y una muy prolongada cotización (más de 44 años y medio), el incentivo alcanzará 12.060,12 euros por cada año de demora en la jubilación.

Jubilación parcial

La jubilación parcial posibilita reducir la jornada en la misma proporción que el salario, y completarlo con parte de la pensión. En realidad, implica que estas personas trabajadoras pueden concentrar las jornadas de trabajo en un solo año, dejando de trabajar todo el periodo restante hasta llegar a la edad ordinaria de jubilación, y retirándose sin ver recortada su pensión por coeficientes penalizadores de la jubilación anticipada.

El Gobierno quiere limitar también esta posibilidad de concentración de jornada, de tal forma que la jornada de trabajo resultante de aplicar la reducción deberá prestarse a lo largo de cada año, si bien podrá concentrarse durante el primer año hasta el 60% de la suma de las jornadas anuales que deben prestarse hasta el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. Asimismo, la jubilación parcial será incompatible con las ayudas al desempleo, por lo que, en su caso, se suspenderá la percepción de la pensión de jubilación hasta la extinción de la prestación por desempleo.

Limitación de la jubilación forzosa y voluntaria en la negociación colectiva

Actualmente, se permite a los convenios colectivos fijar jubilaciones obligatorias o forzosas por alcanzar la edad legal de jubilación y más de un millón de personas trabajadoras se acoge a convenios que contienen esta cláusula, especialmente en sectores como el de la construcción y el metal, así como en grandes empresas. Previsiblemente, la nueva norma evitará la jubilación forzosa en convenios colectivos de trabajadores que cuenten con menos de 68 años. Para instaurarla, la empresa tendrá que contratar a otra persona con contrato fijo. A este régimen general se suman excepciones que flexibilizarán los requisitos para determinados sectores.

Del mismo modo, muchos convenios contienen también “premios” por la jubilación anticipada o baja voluntaria, de modo que queda plasmado un acuerdo entre empresa y empleado que, voluntariamente, decide jubilarse de forma anticipada o causar baja. A través de estas cláusulas se jubilan personas trabajadoras entre los 60 y los 64 años. A este respecto, el acuerdo alcanzado incluye nuevos supuestos, con menor penalización, y un sistema específico de coeficientes reductores mensuales. Se incluye, entre otras, a personas que estén cobrando subsidio por desempleo en el momento de jubilarse anticipadamente desde hace, como mínimo, tres meses.

Revalorización de las pensiones

El borrador propone la revalorización de las pensiones vinculada al IPC de los 12 meses previos a diciembre del ejercicio anterior. En el supuesto de que el IPC resultare negativo, no se produciría la reducción del importe de las jubilaciones manteniéndose en la misma cuantía.

Nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos

En el primer bloque de medidas se incluirá, asimismo, la reforma del régimen de autónomos. El nuevo sistema, en fase de diálogo con las principales asociaciones, se aplicaría a partir de 2022 con un periodo transitorio. El planteamiento del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, parte de trece tramos de cotización "para facilitar la máxima flexibilidad a cada trabajador, ya que cuantos más tramos, cada trabajador tiene mayores posibilidades de adaptación a su capacidad de pago".

La flexibilidad sería temporal, ya que cada trabajador autónomo podría elegir provisionalmente su base de cotización en función de previsiones de rendimientos, con la posibilidad de modificar su elección varias veces a lo largo del año.

Por otra parte, este el primer acuerdo se cierra también con una batería de medidas que reconoce nuevos derechos o amplía algunos existentes, como la equiparación de la viudedad para las parejas de hecho, la extensión del derecho a cotización por todos los programas de formación vinculados a estudios universitarios o de formación profesional (becas) y la mejora de los convenios especiales de cuidadores familiares de personas en situación de dependencia, entre otros.

Supresión del factor de sostenibilidad de las pensiones:

Qué es el factor de sostenibilidad

El factor de sostenibilidad se concibió en su día para tratar de ajustar la cuantía de la pensión a la esperanza de vida. Su aplicación está suspendida desde 2018 (en principio, se retrasó, como mínimo, hasta 2023). Implica que la cuantía de la pensión de los que disfruten de una mayor esperanza de vida sea menor. Se calcula multiplicando el factor del año anterior (2020) por la esperanza de vida a los 67 años. El resultado siempre es menor que uno, lo que hace que las pensiones se vayan reduciendo gradualmente en función de un aumento de la esperanza de vida de los cotizantes a la Seguridad Social.

Otro componente del factor de sostenibilidad es el factor de revalorización anual, que implica ligar la revalorización de las pensiones a la salud de las arcas públicas: las pensiones solo subirán si se incrementan los ingresos del sistema por encima de la tasa de crecimiento del número de pensiones. El factor oscila entre un mínimo del 0,25% y un máximo del IPC más 0,5%. La aplicación de este factor está también suspendida y todo indica que se derogará en el corto plazo, sustituyéndose por el IPC real.

Factor de sostenibilidad en la futura reforma

La futura ley de pensiones derogará expresamente el factor de sostenibilidad. El Ejecutivo establecerá, previa negociación en el marco del diálogo social, un mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027 y deberá estar definido en el momento de entrada en vigor de la ley objeto de debate. No han trascendido más detalles de este mecanismo, pero en caso de disenso, se aprobaría unilateralmente por el Gobierno. La negociación será complicada: las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME han destacado "la permanencia en el acuerdo del factor de sostenibilidad como parte fundamental del equilibrio del sistema en el medio y el largo plazo, y su sustitución, en su caso, por otro factor que mantenga los mismos efectos en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea". Por tanto, la representación de los empresarios anuncia su defensa del factor de corrección y solo aceptarán otro mecanismo o factor que produzca efectos similares en el sistema.