Nace otra nueva obligación fiscal: declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero.

Ahondando en el ánimo de luchar contra el fraude fiscal y al hilo de numerosos acontecimientos de actualidad, La Ley 7/2012 de 29 de octubre (BOE 30/10/2012) de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, estableció a través de una nueva Disposición Adicional Decimoctava en la Ley 58/2003 General Tributaria (LGT) la regulación de una nueva obligación específica de información sobre los bienes y derechos situados en el extranjero.

Con la aprobación el pasado 13 de octubre del proyecto de Ley medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, la limitación de pagos en efectivo entre empresarios se reducirá de los 2.500 euros actuales a los 1.000 euros.