La Agencia Tributaria potenciará la lucha contra la economía sumergida y la investigación de patrimonios y rentas que puedan estar ocultos en el exterior serán las líneas maestras del Plan de Control Tributario para 2016, cuyas directrices se han publicado en el Boletín Oficial del Estado el 23 de febrero de 2016.
También serán líneas fundamentales del plan las actuaciones de control en el campo de la planificación fiscal internacional y del comercio electrónico, ámbitos en los cuales la Agencia Tributaria contará con un refuerzo de las herramientas de selección y control de contribuyentes. De igual forma, la lucha contra el fraude en el área de Recaudación se verá también reforzada con una estrategia centrada en la extensión de las actuaciones de gestión de cobro de la deuda pendiente a un mayor número de contribuyentes mediante la detección de supuestos de responsabilidad y el aseguramiento del cobro efectivo de las deudas.
Control sobre la economía sumergida
La Agencia Tributaria mantendrá en 2016 la ejecución de una estrategia coordinada de lucha contra la economía sumergida a través de la potenciación de las personaciones con personal de las unidades de auditoría informática (UAI) en las sedes donde se realiza la actividad económica.
En concreto, se reforzarán las actuaciones selectivas coordinadas a nivel nacional para detectar actividad oculta mediante el denominado “software de ocultación”, o “software de doble uso”, especialmente en empresas intensivas en manejo de efectivo, tanto por realizar ventas a consumidor final, como por formar parte de la cadena de distribución a otras empresas que venden al público.
De igual forma, se mantendrán actuaciones presenciales dirigidas al análisis de la facturación y los medios de pago al objeto de verificar la efectividad del cumplimiento de la limitación de pagos en efectivo establecida en la Ley Antifraude de 2012.
Se intensifica la investigación de patrimonios en el exterior
El Plan de Control de 2016 dedica un apartado específico al control de los patrimonios y rentas que se puedan estar ocultando en el exterior. La información a estos efectos aportada por el modelo 720 de declaración de bienes y derechos en el exterior seguirá siendo un pilar básico para la búsqueda de patrimonios deslocalizados, pero a partir de este año se sumará también la información que comience a recibir la Agencia a través de la iniciativa FATCA de EEUU sobre cuentas extranjeras, ya en funcionamiento, y posteriormente de terceros países (acuerdo CRS de intercambio de información sobre cuentas financieras suscrito por España y 78 jurisdicciones fiscales, y grupos de trabajo en el seno de la Unión Europea para el intercambio automático de información – AEOI).
En este contexto, una de las actuaciones de especial relevancia será la explotación de la información recibida de forma espontánea desde otros Estados miembros de la UE en relación con contribuyentes con residencia en España, para la ejecución de comprobaciones de la renta mundial de los obligados tributarios.
Paralelamente, siguen abiertas las inspecciones relacionadas con el modelo 720, tanto por no presentación y existencia de indicios de ocultación de bienes, como por falta de consistencia de los bienes y derechos incluidos en la declaración con el resto de información disponible relativa a su situación tributaria o patrimonial.
Esquemas de tributación internacional
A su vez, y en el ámbito de la fiscalidad internacional, se mantienen tradicionales líneas básicas de actuación como, por ejemplo, la utilización de instrumentos ‘híbridos’ (con distinto trato tributario en España y en un país tercero), la detección de establecimientos permanentes o el análisis de precios de transferencia.
También cobrará especial importancia la información que aporten las empresas en el marco del Código de Buenas Prácticas Tributarias en aspectos tales como su grado de presencia en paraísos fiscales o el grado de congruencia de sus decisiones fiscales con los principios del paquete BEPS (Erosión de Bases y Traslado de Beneficios) de la OCDE. En relación con esta y otras materias recogidas, una vez recibida la información por parte de las empresas, el área de Inspección de la Agencia realizará actuaciones inmediatas de verificación y análisis para realizar las actividades de control que resulten oportunas.
La búsqueda del fraude en internet
En relación con la economía digital, se realizarán protocolos de actuación tanto en empresas que realizan comercio electrónico, como en aquellas que alojan sus datos en la nube, y se efectuarán comprobaciones de la tributación de negocios que operan a través de la red, así como de los beneficios obtenidos por las empresas que publicitan bienes y servicios en internet.
Entre otras actuaciones, se establecerá un análisis de riesgos específicos de los operadores de comercio electrónico y se obtendrá información adicional sobre su posicionamiento en el sector en aspectos como el grado de conexión entre empresas o su posición como intermediarias. También se procederá a la sistematización de información de operadores considerados de riesgo como, por ejemplo, los nombres de sus dominios y los indicadores de su condición de anunciante.
Por otra parte, se refuerza el control de rentas declaradas exentas que suponen gasto fiscalmente deducible en los pagadores.
Extensión de la gestión recaudatoria
En el área de Recaudación, se desarrollará la gestión de la deuda pendiente de cobro sobre un mayor número de contribuyentes, impulsando las derivaciones de responsabilidad y, en su caso, las acciones judiciales oportunas para combatir las operaciones de vaciamiento patrimonial de especial calado y los supuestos de insolvencia punible.
Además, se agilizará la gestión recaudatoria en los casos de existencia de indicios de delito fiscal y de contrabando, de acuerdo con las posibilidades que ofrece la reforma de la Ley General tributaria, y se reforzarán las medidas cautelares para afianzar el cobro de las deudas, las investigaciones de movimientos financieros y la gestión, tanto de las deudas en fase de embargo, como de aquellas afectadas por procesos concursales, potenciando, al mismo tiempo, la viabilidad de las empresas.
